Cuando hablamos de lenguaje incluyente las reacciones son diversas, pero más preocupante, polarizantes; prejuicios e indiferencia, empatía y apertura o en algunos casos hasta enojo. Lo que sí es seguro, es que existe una desinformación enorme respecto a su definición desde la perspectiva de los Derechos Humanos; el lenguaje incluyente es una acción afirmativa que como sociedad adoptamos no con el objetivo de quedar bien, si no con el fin de utilizar la palabra desde el respeto y la búsqueda de un trato igualitario.
Desde la perspectiva de género, las modificaciones al lenguaje tienen la labor de visibilizar y empoderar; hay quienes cuestionan el porqué agregarle la “A” a palabras como “presidente”, que tiene terminación con “E”, pero el resaltar que una mujer se encuentra en espacios de toma de decisiones, que históricamente han sido ocupados por hombres da la percepción de una lucha ganada, una motivación permanente, y una aspiración futura.
Hay otros casos donde el lenguaje incluyente busca dignificar y reparar el daño que históricamente se les ha hecho a grupos de atención prioritaria, tal es el caso de las personas con discapacidad, ya que erradica términos peyorativos y revictimizantes como llamarles “discapacitados”, “inválidos” o “con capacidades diferentes”, definiciones que frenan la autonomía progresiva que todas las personas buscamos.
En esa tesitura podemos hablar de las personas de pueblos originarios, ya que el lenguaje incluyente pretende dejar de hablar en diminutivo, que desde un sentido condescendiente estigmatiza a las personas anteponiendo un prejuicio como si existiera falta de madurez o capacidad excusándose en el argot mexicano de hablar con “cariño”, “ternura” o "aprecio"; ejemplos de ello son el uso de términos como “huicholito” para personas de la comunidad wixaritari o en discapacidad “cieguito” cuando una persona vive con discapacidad visual.
Está también el uso de la terminación “E” como avance contra la heteronorma y el binarismo; y resaltó ello desde el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, un fundamento jurídico para aclarar que cuando hablamos de este ejemplo no cumplimos caprichos si no derechos, respetando la identidad de una persona y por ende generando condiciones para el pleno desarrollo de sus Derechos Humanos.
Para concluir, invitó a la reflexión sobre la trascendencia del lenguaje incluyente; el rasgarse las vestiduras por lo que reconozca o no la Real Academia Española recae en lo absurdo, como si una institución de un país a miles de kilómetros tuviera que validar nuestras palabras para comunicarnos, cuando al “wey” o a los apodos no se les cuestiona; es entonces donde me pregunto, si cambiándole una letra a una palabra estoy incluyendo y respetando los derechos de una persona, ¿porque no hacerlo?.
Román Salvador Sánchez Marmolejo es abogado, docente, investigador y consultor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y realizó el Master en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Cuenta con diversos diplomados, cursos y talleres en materia de comunicación gubernamental, innovación pública y derechos humanos destacando su participación en el simposio de Política Pública y Administración que organiza el IAP de la UAM en la Universidad de Harvard.
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